Modificaciones en cuanto a los derechos del inquilino y de los propietarios

By: Paul

Las directrices sobre el alquiler en España se han modificado a lo largo del tiempo. Han surgido cambios tanto en los derechos del inquilino como en las restricciones del coste que permiten un alquiler asequible.

El Congreso de Diputados es el órgano gubernamental encargado de la función legislativa nacional. En el área del arrendamiento la legislación es extensa, la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente data de noviembre de 1994. Sobre ella se han realizado modificaciones parciales en 1996, 1998, 1999, 2000, 2009, 2010 y 2013. Por otro lado, está la Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003. La última incluye el establecimiento de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas. Además de estas leyes específicas, el contrato de arrendamiento en España está regulado por el Código Civil en sus artículos 1542 y siguientes.

Los derechos de los inquilinos se han establecido legalmente. Sin embargo, aunque en su origen parecieron justos, a la luz de la realidad española actual estas leyes requieren modificaciones, debido a ciertos aspectos en beneficio del arrendatario. De la misma manera, el coste de los alquileres urbanos ha sido un aspecto difícil de regular, ya que es necesario buscar el procedimiento justo para el arrendador y el inquilino.

La Cámara de Diputados para la promulgación de leyes recibe en ocasiones propuestas presentadas por algún grupo de parlamentarios. Partiendo de estas, se inicia la construcción de los proyectos de Ley. Estos documentos legales se denominan Proposiciones no de Ley.

derechos-inquilinos-propietarios

Proposiciones no de Ley referida al logro de un alquiler asequible y los derechos del inquilino

En el caso del arrendamiento, los últimos meses de 2017 fueron introducidas tres propuestas.

Primera proposición no de Ley de 2017 sobre el alquiler y los derechos del inquilino

La primera propuesta fue entregada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y fue aprobada en septiembre de 2017. Los puntos tratados en este documento pueden resumirse de la siguiente manera:

  • Posibilidad de acordar entre los gobiernos municipales y las Comunidades Autónomas lo relacionado con el incremento de alquileres.
  • En cuanto a los derechos del inquilino, la propuesta establece la ampliación del límite de prórroga de tres a cinco años, el fortalecimiento de las garantías judiciales de los arrendatarios y el restablecimiento del Índice de Precios de Consumo como referencia al establecer el precio de alquiler.
  • Crear un sistema de apoyo económico a diversos sectores de la población en cuanto al alquiler de viviendas.
  • Organizar un mercado de ofertas de bienes en alquiler incentivando a los pequeños propietarios para que ofrezcan sus viviendas en alquiler con un alquiler asequible contando con garantías legales a su favor, y negociando el arrendamiento de viviendas grandes vacías que sean administradas por las entidades financieras o SAREB.
  • Crear un programa crediticio para apoyar a los propietarios en la construcción o reparación de inmuebles para ser alquilados.

Segunda proposición no de Ley de 2017 sobre el alquiler y los derechos del inquilino

La segunda propuesta llegó en enero de 2018 al Congreso de la mano de los grupos Unidos Podemos, Compromís, ERC, y Bildu. El documento entregado plantea, en primer lugar, el establecimiento de un precio máximo para el alquiler para cada vivienda. Por otro lado, pide ampliar la duración del alquiler entre particulares a 10 años. Finalmente obliga a los fondos de inversión a ceder durante 10 años, para alquiler, los inmuebles que estén vacíos sin causa aparente.

Tercera proposición no de Ley de 2017 sobre el alquiler y los derechos del inquilino

De este modo, para el mes de marzo la Cámara de Diputados recibió una proposición del PSOE que solicita:

  • El establecimiento de un índice de precios para el alquiler de viviendas.
  • La deducción del pago de IRPF sobre las ganancias, al propietario que venda un inmueble y compre otro para alquilar.
  • La prórroga de tres a cinco años de los contratos de alquiler.

También existen otras organizaciones privadas, como Garantify, que aportan una protección adicional al inquilino, con su certificado de solvencia, y un aspecto de seguridad al propietario, mostrando el nivel de solvencia de sus candidatos.